El problema central
El nuevo sistema de elección judicial enfrenta un reto estructural: elegir a jueces y magistrados por voto popular abre la puerta a una mayor politización. Precisamente, esta reforma busca contener ese riesgo.
Voces en el debate
José María Soberanes Díez, profesor-investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, conversa con Mariana Benítez Tiburcio, diputada federal, y con Juan Manuel Acuña, también profesor-investigador de la misma universidad, sobre uno de los temas más polémicos de los últimos años: la reforma judicial. La iniciativa presentada Mariana Benítez explica que la propuesta surge de los legisladores de Morena en el Senado y en la Cámara de Diputados. El objetivo es fortalecer la reforma judicial aprobada en septiembre de 2024 y atender preocupaciones que han surgido durante su implementación.
Separar elecciones para evitar politización
Una de las principales propuestas es separar la elección judicial del proceso político de 2027. Se plantea posponerla para 2028, con el fin de que la ciudadanía participe en un proceso menos politizado, evitando que coincida con la renovación del Congreso federal, los congresos locales y las presidencias municipales.
Evaluación técnica de candidatos
Otra vertiente clave es elevar los requisitos de quienes aspiren a cargos judiciales. Se incorpora una certificación previa de la Escuela Nacional de Formación Judicial, así como un examen y mayores exigencias de experiencia jurídica y en el Poder Judicial. El objetivo es equilibrar la legitimidad democrática con la capacidad técnica y la confianza institucional.
Crítica al diseño estructural
Aunque la iniciativa es relevante y mejora aspectos técnicos, persiste un problema de fondo: el diseño estructural del sistema. La elección popular de jueces y magistrados, aun con requisitos más altos, mantiene el riesgo de politización. No se trata solo de implementación o corrección técnica, sino de concepción institucional.
