Subsidiariedad y bien común en la empresa

Mayo 13 / 2020

Luis Felipe Martí Borbolla

Profesor del área de Factor Humano

Luis Felipe Martí Borbolla

Profesor del área de Factor Humano

Mayo 13 / 2020

Los principios de la subsidiariedad limitan claramente la acción del Estado frente a los individuos, y también ofrece bases importantes para empresas que saben atraer y desarrollar talento.

El principio de subsidiariedad fue introducido por el papa Pío XI hacia 1931, en una revisión a la Doctrina Social de la Iglesia, para afrontar temas nuevos, como el crecimiento de empresas y otros grupos más allá de las fronteras nacionales.

La subsidiariedad implica que el Estado ejecuta una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares no la realizan adecuadamente, sea por imposibilidad sea por cualquier otra razón. Al mismo tiempo, este principio pide al Estado que se abstenga de intervenir allí donde los grupos o asociaciones más pequeñas pueden bastarse por sí mismas en sus respectivos ámbitos.

De esta forma, el principio de subsidiariedad busca garantizar la autonomía de los miembros de una comunidad, regulando la interferencia de la autoridad y reconociendo la dignidad de los miembros con miras al bien común.

Originalmente, la subsidiariedad surge como un principio aplicable al Estado respecto de sus ciudadanos. Sin embargo, este principio es aplicable también a las organizaciones particulares.

 

Las obligaciones del poder

 

Para comprender el principio de subsidiariedad hay que poner en primer plano la vocación de servicio de aquellos que detentan el poder, sea de la naturaleza que sea. Sin duda, el poder político implica la obligación de velar por el bien común de los gobernados, pero aquellos que detentan el poder económico, que a veces termina por mezclarse con el político, adquieren la responsabilidad de asegurar la creación sostenible de riqueza y trabajar por su distribución justa en la sociedad.

Esta responsabilidad es de carácter ético y es fácil derivarla ejercitando la virtud de la prudencia. Al deliberar acerca del comportamiento más ético respecto de los bienes, una de las conclusiones de la razón práctica es que los bienes económicos, y en general los bienes materiales, no son un fin en sí mismo.

La naturaleza del dinero es instrumental, pues nace como un medio para facilitar el intercambio de bienes. De esto se sigue naturalmente la prescripción de no buscar la acumulación del dinero y bienes materiales como fines en sí mismos, sino siempre con miras a un bien mayor. ¿Y qué bien más transcendental y valioso que el bien común? 

Es razonable entonces afirmar que quienes detentan el poder económico tienen una responsabilidad ética por utilizar sus bienes con una orientación al bien común. Dice Rafael Termes que aquellas obras que concurran al bien común y que atiendan al viejo principio de subsidiariedad son las únicas que realmente velan por la justicia social.

La subsidiariedad asegura que los individuos y las asociaciones que formen ya sean comunidades políticas o iniciativas empresariales, siempre cuenten con los recursos para ejercer su autonomía y libertad.

Esto aplica en sentido positivo, cuando una entidad superior interviene para prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, de manera que no estén limitados por condiciones extrínsecas; y negativo, cuando se abstiene de intervenir en la iniciativa autónoma y libre de personas y comunidades.

Dan Ariely afirma que en los últimos años ha comenzado a desarrollarse una nueva forma de capitalismo que resuelve necesidades sociales y públicas sin constreñir la innovación ni el crecimiento de la iniciativa privada.

Un desarrollo tal representaría una respuesta concreta al debate sobre el alcance ideal de la interferencia gubernamental en la sociedad, para lograr enfocarnos en el trabajo conjunto de empresas y gobierno. Este justo medio en donde el gobierno sólo se involucra en la medida que es necesario y los particulares son libres para concretar proyectos e iniciativas empresariales no es nada más que el principio de subsidiariedad llevado a la práctica.

Pero ¿quién establece en qué medida deben utilizarse recursos privados para servir al bien común? El principio de subsidiariedad regula esta responsabilidad para evitar extremos indeseables. No se debe despojar a organizaciones o empresarios de su capital para destinarlo a la resolución de problemáticas sociales, pues esa es una responsabilidad del Estado, pero tampoco deben los particulares regirse por un ideal egoísta en el que sus bienes económicos sólo sirvan a sus intereses personales.

 

Hacia el interior

 

En el caso de la empresa, el papel e importancia de la subsidiariedad no es evidente a primera vista. ¿Qué medidas prácticas deben adoptar las empresas? Si la subsidiariedad se define por el reconocimiento y garantía de la autonomía y libertad de los miembros de una comunidad, este principio deberá determinar la estructura misma de la organización, para dar a cada uno de sus miembros la oportunidad de ejercer su autonomía.

La organización debe estar diseñada para garantizar que sus trabajadores tengan la posibilidad de usar plenamente su inteligencia y libertad para alcanzar objetivos compartidos, así como para crear y mantener relaciones adecuadas entre ellos.

Un lugar de trabajo participativo, en el que se fomentan valores como la iniciativa, la innovación, la creatividad y la responsabilidad compartida, refleja una empresa subsidiaria, pues se reconoce en la práctica la dignidad de cada colaborador.

El documento La vocación del líder empresarial, del Pontificio Consejo Justicia y Paz, sugiere tres medidas prácticas para la vivencia empresarial de la subsidiariedad.

  • En primer lugar, definir claramente la esfera de autonomía y el alcance de las decisiones de cada nivel de la empresa, asegurándose que no excedan las habilidades de cada persona y por tanto no excedan su esfera de responsabilidad.
  • En segundo lugar, capacitar a los trabajadores para garantizar que tengan los recursos suficientes para desempeñar sus deberes.
  • En tercer lugar, confiar plenamente en los colaboradores asignados para cada tarea y responsabilidad, sin interferir en su autonomía ni asumir una actitud paternalista. El colaborador así asume el riesgo de sus propias decisiones y es capaz de reconocer las consecuencias buenas o malas de su comportamiento.

La subsidiariedad entonces estimula el espíritu de iniciativa y aumenta la competencia de los colaboradores. En lugar de ser considerados sólo empleados, se vuelven “coemprendedores”, pues al actuar de manera subsidiaria, la empresa vela por la autonomía y dignidad personal de sus miembros y promueve que actúen libremente, con miras al bien común y no sólo al interés personal o al beneficio de la empresa.

 

En busca del bien común

 

Aunque el bien común es una noción milenaria, que aparece ya desde la Política de Aristóteles y a través de la historia se repite en tratados sociopolíticos, teológicos y económicos como un ideal regulativo, se concibe todavía como una noción demasiado general.

Desde que se pretende proveer una definición inicial, surgen las complicaciones ¿Es un bien que conviene a absolutamente todos los miembros de una comunidad? ¿Es un bien que conviene a la mayoría? ¿Quién define qué es lo que conviene a un comunidad, los propios miembros o la autoridad que los preside?

En primer lugar, debemos evitar reducir el principio del bien común a la mera esfera económica y financiera. Algunas estadísticas recientes sirven para reforzar lo anterior: aunque la creación de riqueza ha aumentado de manera masiva desde la década de los 50, regiones como EU o Gran Bretaña no reportan un aumento en felicidad. En los 1960, 60% de los adultos de estas regiones profesaban una confianza general en los demás seres humanos. Ese porcentaje se ha reducido a la mitad.

¿Por qué el aumento de la riqueza de los países no ha incentivado un ambiente de confianza social? La distribución de la riqueza debería promover una sociedad de colaboración y metas compartidas en la que perseguir el bien común sería una tarea más sencilla. En este sentido, el modelo económico capitalista que ha regido los sistemas de Estados Unidos y Gran Bretaña parece estar limitado.

Un presupuesto capitalista que ha quedado refutado es el de la economía de la filtración, que supone que los beneficios económicos de un país terminan filtrándose a todos los miembros de la sociedad, a la manera de un cuentagotas.

Las crisis económicas recientes demuestran lo contrario: son los pobres quienes enfrentan las consecuencias de las crisis, y el crecimiento del PIB no representa una mejora real en el nivel de vida de los ciudadanos. Incluso, en muchos casos implican un empeoramiento de sus condiciones. Francois Bourgingnon, quien fue economista en jefe del Banco Mundial entre 2003 y 2007, ha afirmado que la globalización ha desempeñado un papel en el aumento de la desigualdad entre los países.

Con estos breves datos, queda claro que el principio del bien común no obedece a criterios económicos o financieros, o al menos éstos no influyen de manera determinante. La riqueza es susceptible de acumularse en los estamentos más privilegiados y no distribuirse de manera equitativa. El aumento de recursos en una sola persona no implica de manera necesaria el mejoramiento de sus condiciones.

Un factor importante que no está regido por una mentalidad economista y que contribuye al principio del bien común es la calidad de las relaciones humanas dentro de una comunidad, ya sea dentro de la familia o en el ambiente laboral. Sin embargo, los sistemas económicos más recientes sacrifican la calidad de las relaciones por el aumento de la eficiencia o la productividad.

Doménec Melé propone una definición del principio del bien común aplicable al quehacer empresarial en los siguientes términos: “al actuar en un contexto social, tanto los individuos como las instituciones sociales deben contribuir al bienestar de la comunidad de acuerdo con las circunstancias de ambos y sus respectivas capacidades, y deben armonizar o subordinar su propio interés al bien común” 

La propuesta de Melé relaciona estrechamente el principio del bien común con la colaboración entre los miembros de una comunidad y las instituciones que coexisten en la misma. Resta todavía establecer específicamente en qué aspectos deben colaborar los miembros de una comunidad para perseguir el bien común. Melé propone cuatro condiciones externas que componen a este principio:

  1. Valores socioculturales: respeto absoluto a la dignidad humana y los derechos humanos, libertad, seguridad, paz y justicia. Estos permiten la convivencia pacífica y respetuosa y promueven un sentido de tolerancia y colaboración
  2. Condiciones estructurales que garanticen acceso a bienes de salud, educación, cultura y religión, y que consideren valores como la libertad, la verdad, justicia y solidaridad. Prevención de corrupción, leyes justas y otras regulaciones, así como la garantía de juicios y procedimientos justos.
  3. Condiciones económicas: favorecer el crecimiento humano para promover que todos disfruten de un nivel razonable de bienestar. El crecimiento económico siempre se subordina a las personas, y no viceversa.
  4. Condiciones ambientales: asegurar un ambiente apropiado para el desarrollo humano.  

Dentro de la literatura del management, se ha acuñado la expresión de la “ciudadanía corporativa”, que en muchos sentidos se asemeja al principio tradicional del bien común en su promoción de la colaboración interna de todos los miembros de una comunidad.

Algunas de las empresas más avanzadas a nivel global han avanzado mucho en este principio, al asegurar ambientes saludables, dignos e inclusivos a todo su personal. Estas se convierten sin duda en los mejores lugares para trabajar. Sin embargo, el ejemplo aún no ha cundido del todo.

 

Extracto adaptado de: Hacia un capitalismo humano y emprendedor.

 

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Mayo 13 / 2020

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