17 de marzo de 2010
Por Marco Iván Escotto Arroyo*
La extorsión a empresas ha ocupado un lugar importante en la opinión pública durante las últimas semanas, tanto por el crimen organizado como por la corrupción que existe a nivel administrativo para “regular” organizaciones y establecimientos comerciales.
Se entiende por extorsión: la exigencia de dinero u otra dádiva para dar a cambio un trato favorable a alguien, o simplemente para hacer aquello que se tiene obligación de hacer. La característica de la extorsión es que hay una amenaza por parte de quien extorsiona y el grado de libertad de la persona extorsionada se ve disminuido.
El soborno, por otra parte, se entiende como un ofrecimiento a una persona investida de poder para que, contra justicia o derecho, haga o deje de hacer lo que se le pide. En el soborno existe un “acuerdo” entre ambas partes para hacer o dejar de hacer algo que por justicia o derecho corresponde. Hay un beneficio específico para las dos partes.
Recientemente la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, denunció que el monto por sobornos ofrecidos para evitar la clausura de establecimientos de este tipo puede llegar a ser de hasta un millón de pesos.
Aunque dicha Asociación menciona el concepto soborno, se trata de una extorsión cuando los establecimientos, funcionando conforme a la ley, son obligados por algún servidor público a pagar un monto para no cerrar. En cambio, si a los establecimientos, fuera de la ley o no cumpliendo toda la normatividad, se les solicita este monto a cambio de no cerrar, nos encontramos ante un soborno.
¿Es relevante esta distinción o simplemente es un apunte académico?
Me parece que es muy relevante distinguir el tipo de corrupción y su causa para poder resolver el fenómeno que analizamos. Si es extorsión, la causa de la corrupción estará en la elección, control y procedimientos de los servidores públicos que evalúan estos establecimientos.
Si es soborno, la causa de la corrupción está en una dinámica de mercado entre los locatarios y las autoridades, donde hay un oferente y un demandante que obtienen beneficios para poder seguir operando un local aunque no se cumpla la normatividad establecida.
Usualmente los problemas de corrupción no se resuelven atacando la corrupción directamente, sino entendiendo cómo funciona el sistema, qué es lo que obtiene el demandante, qué el oferente, y qué es lo que facilita que se den estos actos.
Una de las variables que permiten la relación corrupta entre autoridades locales y establecimientos es la falta de medios adecuados y suficientes para que los funcionarios realicen su trabajo. El problema en muchas delegaciones y municipios es que no se tiene la información suficiente y confiable como para tomar decisiones. ¿Sabemos cuántas delegaciones del DF tienen la infraestructura y personal necesario para responder ante estas necesidades?
Dotar a las delegaciones y municipios de computadoras y sistemas de información ágiles, ayudaría a disminuir el problema de corrupción en estos lugares.
Por ejemplo, entre los trámites que se deben realizar en la apertura de una empresa está la Licencia de Funcionamiento, permiso que extiende la autoridad local. Las Licencias de Funcionamiento son un mecanismo de control del tipo de establecimientos que se tienen y de los que se quieren tener en una localidad.
En el estudio Municipal Scorecard, realizado por el Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional (CEGI) del IPADE para la International Finance Corporation, nos dimos cuenta que muchos municipios (incluyendo algunas delegaciones en la Ciudad de México) tienen una infraestructura (computadoras y sistemas de Tecnologías de la Información) muy pobre.
Esto impacta directamente en una información poco confiable, además de lentitud y atrasos a la hora de consultar esa información. Si no se tiene la capacidad de capturar esa información en computadoras y administrarla por medio de un sistema de consulta, el tenerla físicamente (el papel que se llena) vuelve ineficiente y costoso el sistema. Costoso porque el simple almacenamiento de documentos implica ocupar grandes espacios, además de contratar personal para su manejo. Ineficiente porque consultar esa información requiere mucho tiempo si es que el documento no está perdido o dañado.
No hay mejores condiciones para que prospere la corrupción que un sistema lento e ineficiente. Ante la imposibilidad del municipio o delegación de responder de una manera efectiva a las necesidades de los empresarios, éstos buscarán maneras de hacer “eficiente” el sistema, es decir, ofrecerán sobornos para agilizar la consulta o trámite (esto no justifica su acción, pero la explica). Es lo que coloquialmente se llama “aceitar la maquinaria”. Si los empresarios tuvieran un sistema que respondiera a sus necesidades de manera eficiente, la corrupción para conseguir el trámite no se daría.
Algunas de las acciones que ayudarían a resolver el problema en este caso, son:
- Un mejor control en la contratación del personal que supervisa el cumplimiento en los establecimientos.
- Supervisión externa a las delegaciones en procesos y resultados en cuanto al cumplimiento de las normas legales (involucrar a universidades y a ciudadanos podría ser una buena opción).
- Hacer pública (internet) toda la información respecto a las normas vigentes y los resultados de la supervisión.
- Instaurar un buzón de denuncias de abusos de los supervisores a locales de la zona, que no depende de la Dirección directamente involucrada (incorporar a ciudadanos en esta medida también es una opción).
Para que las delegaciones políticas logren un mejor control sobre los establecimientos (como bares y discotecas), no basta la prohibición y limitación de horario. Eso no resuelve el problema, pues la gente va a consumir en otros lugares. Mejorar el sistema de supervisión, dotar con las herramientas suficientes a los funcionarios públicos, y transparentar la información de las supervisiones son algunas maneras como se podría empezar a reducir la corrupción.
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* Marco Iván Escotto Arroyo es profesor del Área Académica Filosofía y Empresa y director adjunto del Centro de Estudios para la Gobernabilidad Institucional. (CEGI) en IPADE Business School.